Un mensaje intimidatorio encendió la alarma este martes en la comunidad universitaria. La advertencia apareció escrita en una pared de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y decía: “Prepárense que el martes 5/5 tiroteo en la Facultad”, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

La situación ocurrió en el edificio ubicado en calle 6 entre 47 y 48 y fue abordada por las autoridades de la unidad académica en conjunto con la Dirección de Prevención Universitaria y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Desde la Universidad Nacional de La Plata no descartan que pueda intervenir en la investigación la Justicia Federal debido a la gravedad del hecho.

El episodio no es aislado. Forma parte de una preocupante seguidilla de amenazas que en las últimas semanas afecta a instituciones educativas de la región. Solo en La Plata ya se registraron más de 50 denuncias, mientras que en toda la provincia de Buenos Aires se contabilizan más de 1.000 notificaciones en apenas diez días.

La investigación judicial fue unificada en la UFI N°16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Según fuentes oficiales, cerca de 30 menores ya fueron identificados como responsables de este tipo de mensajes.

Las autoridades vinculan gran parte de estos casos a un fenómeno viral en redes sociales como TikTok, donde circula un “reto” que incita a publicar amenazas bajo consignas como “mañana tiroteo, no vengas”, generando preocupación y situaciones de pánico en comunidades educativas.

En el marco de esta escalada, también se registraron episodios de mayor gravedad. Entre ellos, un alumno que ingresó con un arma a un colegio de la región, incidentes en la Escuela Técnica N°8 de Tolosa que obligaron a retirar estudiantes, y la investigación a un adolescente que difundía imágenes con armas en redes sociales.

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense reforzaron los protocolos: ahora es obligatoria la denuncia inmediata ante cualquier amenaza. Además, se advirtió que estos hechos encuadran en el delito de intimidación pública, por lo que los padres o tutores de menores involucrados podrían ser responsabilizados por los costos de los operativos de seguridad.

Mientras avanza la investigación, las autoridades educativas trabajan en conjunto para contener a estudiantes y docentes, y evitar un “efecto contagio” que profundice un fenómeno que ya genera fuerte preocupación en toda la comunidad platense.