Por orden del juez Adrián González Charvay, efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante una serie de medidas con el objetivo de recolectar documentación clave en una causa que involucra a la AFA. Los procedimientos estuvieron centrados en contratos firmados con una empresa encargada de explotar comercialmente los negocios de la entidad en el exterior, un vínculo que ahora se encuentra bajo la lupa judicial.

De acuerdo con la investigación, dicha firma se ocupaba de la representación internacional, lo que incluía la gestión de patrocinios, la organización de eventos y la administración de cobros fuera del país. Por esos servicios, habría percibido comisiones de hasta el 30%, además de montos adicionales vinculados a cuestiones logísticas. En paralelo, la causa busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de una mansión en Pilar, una operación que está siendo analizada ante la sospecha de que se habría concretado a través de intermediarios y con dinero proveniente de estos acuerdos.

A su vez, los investigadores ponen el foco en un presunto circuito financiero internacional que habría permitido canalizar sumas significativas fuera del sistema bancario local en los últimos años. Documentación llegada desde el exterior habría detectado transferencias hacia sociedades vinculadas a dirigentes de la entidad. El avance del caso también expuso la existencia de múltiples expedientes en distintos tribunales, tanto federales como ordinarios, lo que impulsó la posibilidad de unificar las causas para evitar superposiciones y decisiones contradictorias, una definición que podría concretarse en las próximas semanas.

En ese marco, la Justicia argentina, por disposición de Juan Baustista Mahiques, designó a dos veedores para supervisar el funcionamiento de la AFA mientras avanzan las investigaciones.