El conflicto internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo con impacto directo en la estrategia judicial del Estado argentino. La jueza Loretta Preska, de Nueva York, resolvió habilitar el uso de pruebas confidenciales en un eventual arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

La decisión beneficia al fondo Burford Capital, en representación de los exaccionistas Petersen y Eton Park. A partir de este fallo, podrá utilizar información obtenida durante el proceso de “discovery” en Estados Unidos para respaldar sus reclamos en el ámbito internacional.

Se trata de documentación que, hasta ahora, estaba limitada al expediente en Nueva York, pero que ahora podrá ser presentada ante el CIADI, ampliando el alcance del conflicto legal.

El fallo implica un rechazo a la estrategia de defensa de Argentina, cuyos abogados habían solicitado mantener esos datos bajo estricta confidencialidad y restringidos al proceso en Estados Unidos. La jueza Preska desestimó ese planteo, habilitando su uso en otras jurisdicciones.

Con esta resolución, los demandantes quedan en condiciones de avanzar en paralelo con un arbitraje internacional, lo que abre un nuevo frente de presión judicial contra el país mientras continúa la causa principal en tribunales estadounidenses.

La novedad se produce pocas semanas después de un giro significativo en el expediente. El 27 de marzo de 2026, una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló la condena de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, al considerar que los reclamos por daños no eran admisibles bajo la legislación local.

Sin embargo, pese a ese alivio parcial, el caso continúa activo en instancias superiores y ahora suma un elemento adicional de complejidad con la posible intervención del CIADI.