La causa conocida como “ANDIS”, que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo importantes avances judiciales el día de hoy. La fiscalía tomó nuevas medidas que amplían el alcance del expediente y profundizan las sospechas sobre el funcionamiento interno del organismo.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó la citación a indagatoria de 27 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo.

Además, pidió una ampliación de la indagatoria para el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado. Según la fiscalía, se detectaron nuevas maniobras de corrupción que se habrían extendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La investigación pone ahora el foco en un presunto desvío de fondos que alcanzaría los 75.000 millones de pesos, producto de sobreprecios y maniobras irregulares en la compra de insumos críticos como prótesis, sillas de ruedas motorizadas e implantes cocleares, en el marco del programa Incluir Salud.

Hasta el momento, el juez federal Sebastián Casanello ya procesó a 19 personas, incluyendo a Spagnuolo y a otros señalados como jefes de una asociación ilícita, con embargos que superan los 200 millones de pesos.

Uno de los nombres que aparece como clave en la causa es el de Miguel Ángel Calvete, señalado por la justicia como una suerte de “director paraestatal” dentro de la ANDIS. Aunque no ocupaba un cargo formal, la fiscalía sostiene que era quien coordinaba las decisiones operativas, desde la selección de proveedores hasta la gestión de pagos y la recaudación de presuntos retornos.

Según la investigación, Calvete actuaba como nexo entre el sector público y las droguerías privadas, definiendo qué facturas se pagaban y cuáles se demoraban. En su domicilio se secuestraron cuadernos con registros detallados de pagos y cerca de 7,7 millones de dólares en efectivo sin justificar. Su hija, Ornela Calvete, también está procesada en la causa.

Otro de los puntos más sensibles del expediente gira en torno a las siglas “KM”, halladas en anotaciones y mensajes. La justicia investiga si esa referencia corresponde a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia. La sospecha se apoya, principalmente, en mensajes entre Miguel Ángel Calvete y su hija, donde se menciona “el 3% a KM”, en aparente alusión a un esquema de retornos sobre los pagos realizados a empresas proveedoras.

A esto se suman audios atribuidos a Spagnuolo en los que se menciona que parte de la recaudación ilegal tendría como destino a la hermana del Presidente. No obstante, hasta el momento no existe imputación formal en su contra, y tanto el juez como el fiscal trabajan para determinar el alcance real de estas menciones.

En paralelo, la investigación identificó a varias empresas bajo sospecha de integrar un esquema de cartelización en licitaciones públicas. Entre ellas se encuentran Droguería Suizo Argentina, INDECOMM S.R.L., Profarma, Profusión, Ortopedia Alemana y MED-EL, señaladas por beneficiarse de procesos direccionados y sobreprecios.

La Droguería Suizo Argentina, la empresa liderada por la familia Kovalivker, es una de las que aparecen como mayormente beneficiadas por el esquema utilizado en ANDIS. En los primeros allanamientos realizados durante el inicio de la causa, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, directivos de la corporación, entorpecieron la causa al intentar fugarse y eliminar supuestas pruebas.

El mecanismo central del fraude habría operado mediante un sistema informático paralelo que permitía a los proveedores modificar valores de licitaciones desde fuera del organismo, asegurando adjudicaciones con precios inflados, en algunos casos de hasta un 2000%.

Con estas nuevas medidas, la causa ANDIS se consolida como una de las investigaciones por corrupción más relevantes de los últimos años, con derivaciones que podrían escalar a niveles políticos aún más altos a medida que avance el proceso judicial.