La situación del transporte público en la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En medio de una fuerte caída del poder adquisitivo y del aumento constante de los costos operativos, el boleto de colectivo volvió a sufrir incrementos en distintos puntos del territorio bonaerense y ya supera ampliamente los valores que existían apenas un año atrás. En el Gran La Plata y el conurbano, las actualizaciones tarifarias fueron justificadas oficialmente por el impacto de la inflación y el incremento del combustible, mientras que usuarios denuncian una reducción de frecuencias y recorridos, especialmente durante horarios nocturnos y fines de semana. Incluso desde el propio sector empresario reconocen dificultades para sostener el funcionamiento habitual del servicio sin mayores subsidios estatales.

El conflicto también golpea de lleno a los trabajadores del sector. Durante los últimos meses, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvo fuertes negociaciones con las cámaras empresarias por la actualización salarial de los choferes, en un contexto marcado por amenazas de paro, demoras en los pagos y discusiones por subsidios nacionales. Si bien en el AMBA se acordaron aumentos escalonados para evitar medidas de fuerza, desde el gremio sostienen que muchos trabajadores siguen perdiendo frente a la inflación y advierten sobre el deterioro laboral que atraviesa la actividad. A esto se suma la preocupación por las condiciones de trabajo y la sobrecarga de tareas producto de la menor cantidad de unidades en circulación.

Desde el oficialismo nacional argumentan que las modificaciones tarifarias y la reducción de subsidios forman parte del proceso de “reordenamiento económico” impulsado por el Gobierno. En paralelo, la Secretaría de Transporte continuó actualizando partidas para sostener parcialmente el sistema en el Área Metropolitana de Buenos Aires y cubrir parte de los aumentos salariales acordados con la UTA. Sin embargo, gobernadores, intendentes y distintos actores del sector vienen reclamando una mayor asistencia estatal para evitar un colapso aún mayor del servicio en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, millones de usuarios continúan enfrentando boletos más caros, mayores tiempos de espera y un sistema de transporte cada vez más tensionado por la crisis económica.