El PAMI enfrenta un escenario de alta tensión marcado por recortes, cambios en el esquema de pagos y una deuda millonaria con prestadores, lo que ya impacta directamente en la atención de millones de afiliados en todo el país.

En este contexto, los médicos de cabecera iniciaron este lunes 13 de abril un paro nacional de 72 horas en rechazo al nuevo sistema de remuneración impulsado por el Gobierno. La principal modificación es la eliminación del pago por consulta, reemplazado por un esquema de cápita fija de aproximadamente $2.100 por afiliado.

Según denuncian los profesionales, este monto resulta insuficiente para sostener un consultorio, ya que deberían atender a casi mil pacientes para cubrir costos básicos como insumos y funcionamiento. En la práctica, advierten que esto implica recortes en sus ingresos que van del 30% a más del 50%, lo que vuelve inviable la continuidad dentro del sistema.

Los médicos de cabecera son quienes se encargan, además de atender las consultas de los pacientes, de recetar los medicamentos y órdenes médicas. Por lo que el desfinanciamiento de su trabajo y recorte de sus ingresos, afecta directamente el servicio para los jubilados.

La medida de fuerza enciende alarmas sobre un posible abandono masivo de profesionales, lo que podría derivar en menor cobertura, aumento de consultas pagas y una mayor presión sobre hospitales públicos.

A esta situación se suma una deuda acumulada del PAMI que ronda los $500.000 millones con clínicas, sanatorios, laboratorios y farmacias. El retraso en los pagos ya genera consecuencias concretas: turnos con demoras de hasta cuatro meses, reprogramación de cirugías.

Se estima que cerca de 5.000 prestadores están en una situación crítica o al borde de la quiebra técnica, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

En este punto es clave el Impuesto País, reformado por el Gobierno Nacional el 23 de diciembre de 2024. Este tributo financiaba desde medicamentos esenciales hasta prestaciones de servicio. Trabajadores del PAMI señalan que el organismo no es autosuficiente a pesar de los aportes de los empleados y jubilados.

En paralelo, desde abril también se endurecieron los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos. Ahora, el beneficio del 100% de cobertura está sujeto a criterios más estrictos, lo que genera preocupación por la posible exclusión de afiliados. Si bien se mantiene la posibilidad de solicitar hasta seis medicamentos sin cargo por razones sociales, cada caso será evaluado de forma individual por las unidades de gestión.

Uno de los requisitos es percibir ingresos menores al 1,5 del haber mínimo previsional, esto generó polémica, ya que se trata de un monto menor a $600.000. Con el alto costo de vida en la actualidad y los exorbitantes precios de los medicamentos, resultaría imposible costearlos incluso con dos haberes mínimos.

El cuadro general expone un problema estructural: el ajuste no solo impacta en los ingresos de los profesionales, sino que comienza a deteriorar el funcionamiento integral del sistema. La combinación de desfinanciamiento, deuda y restricciones en la cobertura plantea un escenario donde tanto médicos como jubilados quedan en una situación de creciente vulnerabilidad.

Así, la crisis del PAMI se convierte en un tema central de la agenda sanitaria, con consecuencias que podrían profundizar en las próximas semanas si no se alcanza una solución de fondo.