Manuel Adorni presentó formalmente ante la Justicia su descargo para justificar su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete entregó un escrito de 77 páginas para responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, después de una serie de demoras y pedidos de prórroga que se extendieron durante 150 días. La investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo, se centra en una diferencia de aproximadamente $43 millones entre ingresos comprobados y gastos del grupo familiar, además de distintos desembolsos en dólares.

Adorni sostuvo que buena parte de esos fondos provienen de ganancias obtenidas mediante la liquidación de Bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de su llegada a la función pública. Según su explicación, las operaciones se realizaban entre particulares, por fuera de los exchanges regulados que existen actualmente. Este punto generó polémica ya que Adorni decidió no usar esos supuestos ahorros bitcoins, estimados en US$500.000, hasta el año 2024, meses después de haber entrado a la función pública.

También justificó los fondos utilizados para la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá: aseguró que el lote costó US$120.000 y que la remodelación demandó US$175.000, por debajo de los US$245.000 señalados por el contratista involucrado en la investigación.

La presentación también incluyó explicaciones sobre el inmueble de Miró 550, donde Adorni afirmó que utilizó dólares provenientes de sus ahorros previos para adquirir muebles y realizar mejoras. A su vez, atribuyó determinados movimientos financieros a préstamos familiares formalizados y explicó gastos realizados con tarjetas de crédito utilizadas por personas de su entorno. La defensa también calificó como “errores materiales” algunas deudas consignadas inicialmente ante el Banco Galicia y sostuvo que ya fueron subsanadas.

En paralelo, las rectificaciones de sus declaraciones juradas generaron cuestionamientos porque incorporaron bienes, dólares y activos que no figuraban de la misma manera en presentaciones anteriores.

Con este escrito, la defensa encabezada por Matías Ledesma busca demostrar que la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene un respaldo contable y documental. Sin embargo, la presentación no implica el cierre de la investigación: ahora la Fiscalía deberá analizar las explicaciones y contrastarlas con la documentación reunida en el expediente. A partir de esa evaluación, la Justicia deberá determinar si considera suficientes las justificaciones aportadas o si corresponde avanzar hacia una declaración indagatoria.