La Justicia Federal profundizó la investigación contra Francisco Adorni, quien fue imputado formalmente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, busca determinar si el fuerte crecimiento patrimonial del funcionario puede justificarse con sus ingresos declarados.

El día de hoy, efectivos policiales se presentaron en el Ministerio de Defensa para secuestrar el legajo personal de Adorni, junto con las resoluciones vinculadas a sus nombramientos desde 2023 y el historial completo de sus salarios dentro de la administración pública nacional. Además, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para acceder a sus movimientos financieros y cruzarlos con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control.

La investigación también incluye pedidos de informes a más de 30 organismos estatales, entre ellos ARCA, ARBA, AGIP y la Dirección Nacional de Migraciones. El objetivo es reconstruir su evolución patrimonial, analizar propiedades registradas, pagos impositivos y eventuales viajes al exterior realizados durante los últimos años.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió inconsistencias entre los ingresos formales del legislador y el incremento de su patrimonio. Según la presentación judicial, Adorni pasó de declarar bienes por aproximadamente $43 millones a superar los $80 millones en apenas un año.

Por su parte, la defensa de Francisco Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que “no existe delito alguno”. El legislador provincial ya se presentó ante la Justicia para rectificar parte de su declaración jurada y aportar documentación con la que intenta demostrar el origen lícito de sus ingresos y movimientos económicos.