La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsada por el gobierno de Javier Milei bajo el argumento de recuperar “soberanía sanitaria”, terminó teniendo un costo cercano a los 12 millones de dólares para el Estado nacional. El monto incluyó cuotas adeudadas de años anteriores, pagos proporcionales correspondientes a 2024 y 2025, además de intereses acumulados por mora y atrasos administrativos.

Desde la Casa Rosada justificaron la decisión asegurando que la permanencia en el organismo internacional implicaba un gasto anual cercano a los 10 millones de dólares y que la política sanitaria debía dejar de depender de lineamientos globales. Sin embargo, la desvinculación no resultó sencilla ni automática, ya que la propia OMS evitó reconocer formalmente la salida argentina debido a que su estatuto no contempla de manera explícita un mecanismo de retiro definitivo para los países miembros.

La Asamblea Mundial de la Salud simplemente tomó nota de la decisión argentina, pero sin establecer una baja plena y definitiva. En los hechos, Argentina quedó como un miembro inactivo de facto, con parte de sus derechos y obligaciones suspendidos, aunque manteniendo abierta una eventual posibilidad de reingreso simplificado en el futuro.

Pese a la salida de la OMS, el Ministerio de Salud confirmó que Argentina continuará trabajando junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), especialmente para garantizar la compra de vacunas, medicamentos e insumos estratégicos mediante los fondos rotatorios regionales. El Gobierno sostiene que esta vía permitirá mantener el abastecimiento sanitario sin depender políticamente del organismo global.