La Cámara de Diputados retomará su actividad en los primeros días de agosto con uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para la segunda mitad del año: la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca modificar el régimen vigente para facilitar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal y brindar mayores garantías jurídicas a quienes decidan adherir. Antes de llevar el texto a comisión, el oficialismo intentará cerrar acuerdos con los bloques dialoguistas, consciente de que no cuenta con los votos suficientes para avanzar en soledad.

Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. La estrategia de La Libertad Avanza será reeditar los consensos que permitieron aprobar la ley original y sumar nuevamente el respaldo del PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Con un bloque de 95 diputados, el oficialismo necesita reunir al menos 129 votos para alcanzar el quórum y abrir el debate en el recinto, por lo que el respaldo de sus aliados será determinante para el futuro de la iniciativa.

El proyecto incorpora modificaciones surgidas tras reuniones entre el Ministerio de Economía y especialistas tributarios, quienes señalaron aspectos de la normativa vigente que, según el Gobierno, desalentaban su utilización. Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del universo de personas que podrán adherir al régimen simplificado, la flexibilización de algunos requisitos patrimoniales y una redefinición de los criterios que habilitan a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a cuestionar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Además, se incorporan mecanismos para corregir errores sin perder los beneficios del régimen y se refuerzan las garantías para quienes formalicen sus ahorros.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a generar mayor seguridad jurídica para incentivar que los denominados "dólares del colchón" ingresen al sistema financiero y puedan destinarse al crédito, la inversión y el financiamiento de proyectos productivos. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el objetivo de la ley "no cambia en absolutamente nada" respecto del espíritu original y afirmó que las modificaciones buscan despejar las dudas planteadas por tributaristas para dar previsibilidad a los contribuyentes, independientemente del signo político de futuras administraciones. Ahora, el desafío del oficialismo será transformar ese consenso técnico en respaldo parlamentario para convertir la reforma en ley.