El Gobierno nacional decidió no girar a las universidades nacionales, los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde Casa Rosada elevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación esperando un guiño de Comodoro Py.

El monto que debe el Poder Ejecutivo oscila los 2,5 billones de pesos. Las casas de estudio denuncian que el plazo de pago venció, por lo que es una obligación la transferencia inmediata.

La presentación se realizó a través de un recurso extraordinario federal con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el Gobierno argumentan que la norma no especifica con claridad qué partidas presupuestarias deben modificarse para su cumplimiento y advierten que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Además, el oficialismo solicitó la recusación de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El planteo se basa en que los magistrados mantienen o han mantenido vínculos con el ámbito universitario, como docentes o en uso de licencia, lo que, según la postura oficial, podría implicar un interés directo en la resolución del caso.

El escenario abre ahora una etapa de definición en la Corte Suprema, que deberá resolver tanto la validez del recurso presentado como las recusaciones planteadas. En el corto plazo, la incertidumbre se mantiene, con posibles repercusiones y medidas de fuerza de las universidades nacionales.