El día de hoy se llevó a cabo una manifestación de cooperativistas frente al Palacio Municipal, que terminó con graves incidentes, destrozos y un importante operativo policial. El conflicto se originó por la decisión de la gestión del intendente Julio Alak de poner fin al sistema de contratación directa que durante más de una década se utilizó para tareas de barrido, corte de césped, zanjeo y reciclado, con el objetivo de reemplazarlo por un esquema de licitaciones públicas.

La protesta se descontroló rápidamente cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras contra el edificio municipal, rompió ventanas y provocó un foco de incendio en el acceso principal mediante la quema de neumáticos. La intervención policial concluyó con 19 personas detenidas, quienes permanecen alojadas en la Comisaría Primera mientras organizaciones sociales realizan una vigilia para exigir su liberación, al sostener que los arrestos fueron arbitrarios y ocurrieron una vez finalizada la movilización.

Desde el Municipio sostuvieron que el cambio responde a una intimación del Tribunal de Cuentas de la provincia para adecuar el sistema a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, aseguraron que el nuevo mecanismo permitirá transparentar las contrataciones y generar un ahorro cercano a los 6.000 millones de pesos anuales. Tras los incidentes, la administración comunal anunció que se presentó como particular damnificada en una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, luego de registrar roturas en los vitrales del Palacio Municipal, el Salón Dorado y el Concejo Deliberante. También informó que un vecino resultó herido por un piedrazo y que seis efectivos policiales sufrieron lesiones durante los enfrentamientos.

Las organizaciones sociales, entre ellas el MTE, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, rechazaron de plano la decisión oficial. Afirmaron que la nueva licitación excluye el servicio de reciclado, lo que dejaría sin trabajo a unos 400 recicladores y desmantelaría una política socioambiental desarrollada durante años. Además, cuestionaron la propuesta de reemplazar los contratos laborales por tarjetas sociales de 200.000 pesos, al considerar que implica sustituir empleo genuino por asistencia social, y advirtieron que la medida pone en riesgo el sustento de miles de familias con más de una década de trabajo en los barrios de la ciudad.