La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y del tesorero Pablo Toviggino, en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de $19.000 millones. La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, también ratificó el procesamiento de la propia AFA y dejó el expediente a un paso de ser elevado a juicio oral. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que la entidad retuvo tributos y aportes patronales que debía transferir al Estado dentro de los plazos legales.

El juez Diego Amarante había considerado acreditado, en esta etapa del proceso, que existió una maniobra reiterada de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. En ese marco, también dispuso embargos por $350 millones sobre los bienes de Tapia y Toviggino. La Cámara confirmó el procesamiento del tesorero y dejó firme el del presidente de la AFA luego de declarar desierto el recurso presentado por su defensa debido a un incumplimiento procesal durante la apelación. Mientras tanto, Tapia permanece en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina en el Mundial con autorización judicial, una situación que no se modifica tras el fallo. Por su parte, los exdirigentes Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo fueron desvinculados provisoriamente del expediente por falta de elementos suficientes, aunque la Justicia ordenó continuar investigando su eventual participación.

La causa por los aportes no es el único frente judicial que enfrenta la conducción de la AFA. En paralelo continúa la investigación por presunto lavado de activos alrededor de una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, una propiedad con helipuerto, canchas deportivas y otras instalaciones de lujo que, según distintas denuncias, estaría vinculada a Pablo Toviggino y al entorno de la conducción de la entidad, aunque esa relación es negada por los involucrados. En ese expediente también se analizan más de 50 vehículos de alta gama y de colección, además de otras propiedades, obras de arte, movimientos financieros, vuelos privados, caballos de carrera y contratos comerciales con el objetivo de determinar el origen de los fondos utilizados para esas adquisiciones. La investigación aún se encuentra en etapa de instrucción y no existe una resolución judicial que atribuya responsabilidad penal a Tapia por esos hechos.

La defensa de la AFA sostiene que buena parte de la deuda tributaria fue regularizada mediante los mecanismos previstos por la normativa fiscal vigente y que la entidad actuó amparada por planes de facilidades de pago y prórrogas autorizadas por el Ministerio de Economía. Con ese argumento, Tapia y Toviggino intentaron cerrar el expediente mediante una reparación integral, aunque tanto la fiscalía como ARCA rechazaron esa posibilidad por considerar que el proceso debía continuar. Mientras esa discusión sigue abierta, la confirmación de los procesamientos representa uno de los reveses judiciales más importantes para la actual conducción del fútbol argentino y acerca el expediente a la instancia de juicio oral.