La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó que el Gobierno Nacional debe ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), al rechazar las apelaciones presentadas por el Poder Ejecutivo. El fallo establece que la norma debe cumplirse sin demoras, invalidando cualquier intento de suspensión mediante decretos.

En su resolución, el tribunal sostuvo que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto la ley a través de herramientas administrativas como el Decreto 759/25. Los jueces recordaron que la normativa fue ratificada por el Congreso con una mayoría de dos tercios tras el veto presidencial, lo que activa el mecanismo constitucional de insistencia y vuelve obligatoria su implementación.

La sentencia ordena específicamente el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley, que contemplan tres ejes centrales. Por un lado, la recomposición salarial de docentes y no docentes, cuyos ingresos deberán actualizarse de acuerdo con la inflación acumulada (IPC), en un contexto donde se estima una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30% real desde 2023.

Por otro, dispone la actualización inmediata de los montos de las becas estudiantiles destinadas a garantizar la permanencia en el sistema educativo. Además, exige el envío de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de las universidades y el sostenimiento de programas de investigación.

El tribunal remarcó que la demora en la aplicación de estas medidas genera un “perjuicio irreparable”, al tratarse de ingresos con carácter alimentario, tanto en el caso de salarios como de becas. En ese sentido, también cuestionó los argumentos oficiales vinculados al impacto fiscal, calificándolos como “poco serios” y señalando que el costo de implementación resulta bajo en relación con el presupuesto nacional.

La decisión judicial se produce en medio de un paro nacional universitario de 72 horas, impulsado por gremios docentes y no docentes en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sector.

Por su parte, el Poder Ejecutivo anticipó que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia y evalúa presentar un nuevo proyecto de ley en el Congreso, con el objetivo de modificar el esquema de financiamiento vigente.