El fiscal general Ricardo Sáenz solicitara a la Cámara Nacional de Apelaciones que confirme los procesamientos del anestesista Hernán Boveri y de la exresidente Delfina "Fini" Lanusse, por el "Caso Propofol". Ambos están acusados de administración fraudulenta por el presunto desvío sistemático de medicamentos anestésicos de uso hospitalario para consumo personal.

La investigación se originó a partir de una serie de irregularidades detectadas en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde los acusados desempeñaban funciones médicas. Según la acusación, Boveri y Lanusse habrían utilizado su posición dentro de la institución para retirar ampollas de propofol y fentanilo bajo el argumento de que serían utilizadas en procedimientos quirúrgicos, aunque posteriormente las habrían destinado a fines particulares.

En su dictamen, Sáenz respaldó la decisión adoptada en primera instancia por el juez Javier Sánchez Sarmiento y sostuvo que existen elementos de prueba suficientes para mantener los procesamientos. Entre ellos figuran registros administrativos, documentación hospitalaria y testimonios de personas cercanas a los imputados que describieron episodios de consumo de las sustancias investigadas fuera del ámbito médico.

La fiscalía también destacó el hallazgo de equipamiento profesional en los domicilios de los acusados, incluyendo dispositivos de monitoreo utilizados habitualmente en procedimientos anestésicos. Para los investigadores, estos elementos refuerzan la hipótesis de que las drogas eran administradas en contextos ajenos a la actividad hospitalaria y bajo condiciones que representaban riesgos para la salud.

La defensa de Lanusse había apelado el procesamiento argumentando que la médica no tuvo participación en algunos de los hechos que dieron origen a la causa y cuestionando además las medidas patrimoniales dispuestas por la Justicia. Sin embargo, el fiscal general rechazó esos planteos y consideró que la evidencia reunida durante la instrucción justifica la continuidad de la investigación en los términos actuales.

Ahora será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la que deberá resolver si confirma o revoca los procesamientos. La decisión será determinante para el futuro de la causa, ya que de ratificarse la medida los imputados quedarán más cerca de afrontar un eventual juicio oral por los hechos que se les atribuyen.