Maricarmen Abascal tenía 87 años y había vivido prácticamente toda su vida en un departamento del barrio de Retiro, en Madrid. Había llegado a esa vivienda con apenas 17 años, en 1956, junto a su familia. Allí murieron sus padres y allí construyó buena parte de su vida.

Su historia comenzó a hacerse conocida cuando enfrentó un proceso judicial para conservar el alquiler. El contrato original había sido firmado por su padre y, con el paso de los años, el derecho de alquiler pasó primero a su madre y luego a Maricarmen. La situación quedó en disputa cuando la propiedad cambió de manos y la empresa Urbagestión cuestionó la continuidad del contrato.

En 2018, la vivienda había sido adquirida por una empresa inmobiliaria que posteriormente se la vendió a Urbagestión. La compañía ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler de 2.600 euros mensuales, una cifra que no podía afrontar con una pensión de alrededor de 1.400 euros. La mujer decidió permanecer en el inmueble y continuar pagando el alquiler que venía abonando.

El conflicto llegó a los tribunales. Una jueza de primera instancia le dio inicialmente la razón, pero posteriormente la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo determinaron que la subrogación del contrato no era válida. Después de varios intentos de desalojo que habían sido suspendidos, llegó el cuarto y definitivo.

El desalojo que conmocionó a España

El 23 de septiembre de 2026, cientos de personas se concentraron frente a la vivienda para intentar impedir el desahucio. Maricarmen terminó siendo retirada de su casa en una camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Las imágenes recorrieron España y transformaron su caso en un símbolo de la crisis habitacional.

El episodio generó una fuerte reacción social. Miles de personas salieron a las calles y se instaló una acampada en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente a los desahucios y al aumento del precio de los alquileres. El caso también llegó al debate político nacional y puso nuevamente la vivienda en el centro de la agenda.

Incluso Naciones Unidas había pedido al Estado español que evitara el desalojo, mientras que el Gobierno intentó negociar una solución con la empresa propietaria. Finalmente, después del desahucio se alcanzó un acuerdo que podía haber permitido su regreso a la vivienda, pero Maricarmen murió el 7 de octubre en el hospital, antes de poder volver a su casa.

De un caso particular a un debate nacional

El impacto del caso no quedó limitado a Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos decretos-ley con medidas relacionadas con la vivienda, entre ellas una mayor protección frente a los desahucios de personas vulnerables y cambios destinados a dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler. La propia Moncloa reconoció que la aprobación de estas medidas estuvo marcada por las repercusiones del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.

Sin embargo, los decretos no consiguieron el respaldo necesario en el Congreso. El fracaso parlamentario profundizó la crisis política y terminó siendo uno de los elementos que llevaron a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Al anunciar la convocatoria, Sánchez vinculó explícitamente su decisión con el rechazo parlamentario a las medidas sobre vivienda y sostuvo que, si el Parlamento no respondía a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, los españoles debían elegir un nuevo Congreso.

Maricarmen murió, pero su historia quedó en el centro del debate

La muerte de Maricarmen ocurrió apenas dos semanas después de su desalojo. Para las organizaciones de inquilinos, su historia representa el conflicto entre el derecho a la vivienda y las dificultades que enfrentan miles de personas para mantener un hogar en un mercado de alquiler cada vez más caro.

El Sindicato de Inquilinas, junto con organizaciones sindicales, convocó además una huelga general para el 11 de noviembre, con la crisis habitacional como uno de sus principales reclamos.

Así, la historia de una mujer que durante décadas llevó una vida anónima terminó atravesando las calles, el Congreso y la agenda del Gobierno español. Su desahucio se convirtió en un símbolo de la discusión sobre el acceso a la vivienda y, en pocas semanas, pasó de ser un caso judicial a formar parte del escenario político que desembocará en las elecciones del 29 de noviembre.