La Justicia Federal dictó un freno clave a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa Volver al Trabajo, al ordenar la continuidad inmediata de los pagos para sus beneficiarios.

El fallo fue emitido por el juez federal Adrián González Charvay, desde el Juzgado Federal de Campana, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones sociales. La resolución obliga al Ministerio de Capital Humano a mantener el beneficio mensual de $78.000 para cerca de 900.000 personas en todo el país, evitando así un corte abrupto en la asistencia.

Además, la Justicia estableció un plazo de tres días para que el Ejecutivo garantice la continuidad del programa. En caso de incumplimiento, el Gobierno podría enfrentar sanciones económicas por cada día de demora en la implementación de la medida.

La decisión judicial se apoya en un amparo colectivo que advertía sobre el impacto social de la eliminación del plan, al considerar que dejaría a miles de familias sin un ingreso básico indispensable para su subsistencia.

Hasta antes de este fallo, el Ministerio de Capital Humano había definido que el último pago del programa se realizaría entre el 7 y el 9 de abril, con la intención de reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación sin transferencia directa de dinero. Sin embargo, con esta resolución, el esquema actual deberá mantenerse vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo en los tribunales.

El programa Volver al Trabajo había sido lanzado en febrero de 2024 como parte de una reestructuración de la política social, en reemplazo del plan Potenciar Trabajo. Su objetivo central es promover la inserción laboral de sus beneficiarios mediante capacitaciones y herramientas orientadas al empleo formal.

El fallo abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y los sectores sociales, y deja en suspenso cualquier modificación inmediata en uno de los principales programas de asistencia del país.