La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo luego de que el Congreso aprobara una reforma que habilita una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y facilita la declaración del estado de excepción por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira. La medida deja sin efecto la denominada “Ley Copa”, una norma sancionada en 2020 que establecía límites más estrictos para el uso de mecanismos excepcionales de seguridad dentro del país. Con el respaldo de más de dos tercios de la Cámara de Diputados, el oficialismo y sectores aliados avanzaron con una modificación que ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es recuperar el control frente a las protestas y bloqueos que desde hace semanas paralizan distintas regiones bolivianas y afectan el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, especialmente en La Paz, El Alto y Oruro.

La decisión se da en medio de uno de los momentos más delicados que atraviesa Bolivia desde la llegada de Rodrigo Paz al poder. El país acumula varias semanas de movilizaciones impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas, sectores mineros, agrupaciones indígenas y movimientos sociales que rechazan el rumbo económico del Gobierno y exigen la renuncia del mandatario. Los cortes de ruta ya superaron ampliamente el centenar en distintos puntos del territorio y comenzaron a generar problemas de abastecimiento, suspensión de actividades y tensión permanente en las principales ciudades. En paralelo, el Gobierno denunció intentos de desestabilización política y responsabilizó indirectamente a sectores ligados al expresidente Evo Morales de incentivar las protestas. La conflictividad escaló todavía más luego de que se conociera la muerte de un joven de 24 años durante un operativo policial-militar en las manifestaciones, un hecho que inicialmente fue negado por las autoridades pero que luego terminó siendo reconocido oficialmente. El certificado de defunción indicó que la víctima murió por el impacto de un arma de fuego.

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Las movilizaciones sociales y el deterioro económico profundizan la incertidumbre política en Bolivia, mientras crecen los reclamos contra el gobierno y aumentan los interrogantes sobre el futuro del país.

El endurecimiento del escenario político generó preocupación tanto dentro como fuera de Bolivia por el posible aumento de la represión estatal. Desde organismos sociales y sectores opositores advirtieron que la flexibilización de los requisitos para declarar el estado de excepción podría abrir la puerta a un uso más amplio de las fuerzas militares frente a la protesta social. El Gobierno, sin embargo, insiste en que las medidas buscan garantizar el orden institucional y evitar el colapso económico provocado por los bloqueos. El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que “nadie está por encima de la ley” al referirse a la muerte del manifestante y sostuvo que las fuerzas de seguridad tienen instrucciones de no utilizar armas letales. Mientras tanto, la tensión continúa creciendo en las calles y Bolivia permanece atravesada por una crisis política, económica y social que todavía no encuentra una salida clara.