El Gobierno nacional comenzó a intensificar las negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas con el objetivo de llegar al segundo semestre con los consensos necesarios para impulsar una reforma política y electoral en el Congreso. Aunque la actividad parlamentaria se reducirá durante julio por el receso invernal, en la Casa Rosada consideran que las próximas semanas serán clave para avanzar en conversaciones con las provincias. El presidente Javier Milei aprovechará los actos por el Día de la Independencia en Tucumán para mantener contactos con distintos mandatarios, en una estrategia que busca fortalecer los acuerdos políticos antes de la reanudación del calendario legislativo.

Uno de los principales ejes de la iniciativa es modificar el esquema electoral vigente con la mira puesta en las elecciones de 2027. Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparecen cambios en el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), junto con la posibilidad de habilitar nuevamente las denominadas "colectoras", mecanismo que permite que distintas listas respalden a un mismo candidato principal. Para varios gobernadores, esta combinación podría ofrecer mayor margen para ordenar las disputas internas y reducir los costos políticos y económicos que generan las primarias, especialmente en los distritos que desdoblan sus elecciones provinciales.

Las conversaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene reuniones con representantes de diferentes provincias para construir apoyos parlamentarios. En esas negociaciones también aparecen otros temas vinculados al vínculo entre Nación y las provincias, como obras públicas, distribución de recursos y proyectos federales. En paralelo, el oficialismo prepara la agenda legislativa que buscará tratar una vez finalizado el receso, donde además de la reforma política figuran iniciativas como la Ley de Propiedad Privada, modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal y distintos pliegos judiciales que continúan pendientes de tratamiento.

Dentro de ese paquete, la Ley de Propiedad Privada ocupa un lugar prioritario para el Poder Ejecutivo. El proyecto propone cambios en el régimen de expropiaciones, flexibiliza restricciones sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, modifica aspectos de la legislación sobre manejo del fuego y acelera los procesos de desalojo. Mientras el Gobierno sostiene que las reformas apuntan a brindar mayor seguridad jurídica y promover inversiones, sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y especialistas en cuestiones territoriales advierten que algunas modificaciones podrían reducir controles sobre recursos estratégicos y generar nuevos debates sobre la protección ambiental y la propiedad de la tierra. Con ese escenario, el segundo semestre anticipa una discusión parlamentaria marcada por proyectos de fuerte impacto político e institucional.