El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010, con el argumento de “modernizarla” y mejorar la respuesta del sistema ante situaciones críticas. Entre los cambios más relevantes aparecen la revisión de los criterios para internaciones involuntarias, hoy limitadas a casos de “riesgo cierto e inminente”, la incorporación de categorías diagnósticas más precisas en lugar del concepto amplio de “padecimiento mental” y la posibilidad de fortalecer el rol de hospitales especializados dentro de la red de atención. La iniciativa también busca reorganizar el sistema por niveles y revertir parcialmente el esquema que promovía la sustitución progresiva de hospitales psiquiátricos por dispositivos comunitarios.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto es su impacto sobre las internaciones. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente dificulta intervenciones tempranas en situaciones de crisis, mientras que especialistas advierten que la ley actual ya contempla herramientas para intervenir y que el principal problema no es normativo sino presupuestario. La propia legislación establece que al menos el 10% del presupuesto de Salud debe destinarse al área de salud mental, un objetivo que nunca se cumplió de forma sostenida, lo que alimenta cuestionamientos sobre el contexto en el que se impulsa la reforma.

El debate también tiene un trasfondo político y sanitario más amplio. Referentes del campo de la salud mental advierten que algunos cambios podrían implicar un retroceso respecto del enfoque comunitario y de derechos humanos que estructuró la norma vigente, y alertan que discutir modificaciones sin garantizar recursos suficientes puede profundizar desigualdades en el acceso a la atención. En ese escenario, la discusión vuelve al Congreso con posiciones enfrentadas entre quienes plantean la necesidad de reformar la ley y quienes reclaman primero asegurar su financiamiento y aplicación efectiva en todo el país.