
Adorni habló de sus ganancias con Bitcoin y se sumó al régimen de inocencia fiscal en medio de una investigación patrimonial
El funcionario reconoció inversiones millonarias en criptomonedas junto a su esposa. Ambos se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias mientras avanza una investigación judicial sobre su patrimonio.
Manuel Adorni reconoció que junto a su esposa realizó inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018 por aproximadamente 200 mil dólares y aseguró que obtuvieron ganancias cercanas a los 300 mil dólares. La declaración pública del funcionario se produjo pocos días después de que tanto él como su mujer solicitaran incorporarse al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, conocida como “Ley de Inocencia Fiscal”, impulsada por el propio Gobierno nacional.
La adhesión de ambos al nuevo esquema tributario fue confirmada por distintos medios a partir de registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Primero se incorporó Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, y luego hizo lo propio Adorni. Desde el oficialismo sostienen que se trata de un mecanismo administrativo para simplificar la presentación impositiva y niegan que implique un blanqueo de capitales o una admisión de irregularidades fiscales.
El tema tomó mayor dimensión porque el funcionario ya enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito vinculadas a inconsistencias señaladas en su evolución patrimonial. Las presentaciones judiciales apuntan a determinar si existieron bienes, dólares o activos financieros que no fueron correctamente declarados en sus presentaciones ante los organismos correspondientes. Hasta el momento no hay una resolución judicial que lo condene ni una imputación firme, pero la causa continúa en etapa de investigación y la Justicia analiza documentación patrimonial, bancaria y fiscal.
En ese contexto, las declaraciones sobre las ganancias obtenidas con criptomonedas y la incorporación al régimen de inocencia fiscal quedaron bajo la lupa política y judicial. Adorni insiste en que las inversiones fueron realizadas antes de ocupar cargos públicos y que los fondos tienen origen privado y documentado. La causa, mientras tanto, sigue abierta y deberá determinar si hubo o no irregularidades en las declaraciones patrimoniales del funcionario y su entorno familiar.
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