El ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a reunirse este jueves con representantes del sector contable para avanzar en uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para el segundo semestre: la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El encuentro, previsto para las 14, buscará incorporar observaciones técnicas antes de que la iniciativa sea enviada a la Cámara de Diputados la próxima semana. Sin embargo, la agenda ya no estará centrada únicamente en el contenido del proyecto. Sobre la mesa también aparecerá una decisión que comienza a inquietar tanto a profesionales como a contribuyentes: la posibilidad de prorrogar los vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, previstos para fines de julio.

La discusión se desarrolla en un escenario político complejo. El tratamiento legislativo de la reforma quedó relegado en las últimas semanas en medio de la crisis que atravesó el oficialismo tras la situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que demoró el avance parlamentario de una iniciativa que el Ministerio de Economía considera estratégica para incentivar la exteriorización de ahorros no bancarizados. Mientras el proyecto continúa sin ingresar al Congreso, el calendario fiscal siguió avanzando y los plazos para presentar Ganancias comenzaron a convertirse en un problema tanto para el Gobierno como para los profesionales en ciencias económicas, que reclaman más tiempo para adecuarse a los cambios previstos.

La definición sobre una eventual prórroga no resulta sencilla. Los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias forman parte de la masa coparticipable que reciben las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cualquier postergación sin mecanismos compensatorios tendría impacto directo sobre las finanzas provinciales. En paralelo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires solicitó formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que extienda los vencimientos para facilitar la implementación del futuro régimen simplificado. También circularon versiones sobre una alternativa que permitiría acceder posteriormente a los beneficios de la nueva ley, aunque desde el organismo recaudador aclararon que únicamente rigen las normas actualmente vigentes y que el nuevo proyecto todavía no tiene efectos legales.

Para Caputo, la reforma representa una pieza central del programa económico. Durante la presentación del plan financiero hasta 2027, el ministro sostuvo que la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal incorpora modificaciones surgidas tras las reuniones con especialistas tributarios, quienes señalaron las limitaciones del esquema vigente. Además, insistió en que el objetivo es movilizar parte de los aproximadamente USD 170.000 millones que, según estimaciones oficiales del Banco Central, permanecen fuera del sistema financiero. "Ese ahorro debería transformarse en inversión y financiamiento para proyectos productivos", afirmó el funcionario. Con ese objetivo de fondo, el Gobierno buscará resolver en los próximos días un delicado equilibrio entre las demandas de los contadores, las necesidades fiscales de las provincias y el impulso político que necesita la iniciativa para llegar al Congreso.