La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos avances el día de hoy y profundiza el análisis sobre la evolución de su patrimonio y estilo de vida en los últimos años.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida habilita a la Justicia a examinar en detalle cuentas, movimientos financieros y declaraciones patrimoniales, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias entre ingresos declarados y gastos realizados.

Uno de los puntos que se confirmó el día de hoy es un viaje familiar a Aruba realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según la información aportada por la aerolínea, la familia viajó en primera clase en un vuelo de la compañía LATAM, con escalas en Lima y Ecuador. El costo total de los pasajes ascendió a 5.800 dólares, unos 1.450 por ticket, y habría sido abonado en efectivo en moneda extranjera.

Este dato generó especial atención judicial, ya que contradice declaraciones previas del propio Adorni, quien había sugerido no haberse tomado vacaciones durante ese período. Además, el uso de efectivo en dólares para una operación de ese monto refuerza las dudas sobre el origen de los fondos.

En paralelo, la Justicia busca determinar dónde se hospedó la familia durante su estadía en la isla y cuál fue el costo total del viaje. Las sospechas apuntan a posibles alojamientos de lujo, en un reconocido All Inclusive, que podrían no coincidir con los ingresos declarados por el funcionario en ese momento.

Vale recalcar el conocimiento de los altos mandos de Casa Rosada sobre este viaje de Manuel Adorni. Ya que allegados confirman que el actual Jefe de Gabinete le pidió permiso a la Secretaría de la Presidencia para viajar, en un contexto en donde los funcionarios pregonaban la austeridad en línea con el plan de Gobierno.

La causa no se limita a este episodio. También se investigan diversos movimientos patrimoniales, como la compra de una propiedad en el barrio porteño de Caballito, un viaje en avión privado a Punta del Este, entre otros. En conjunto, estos elementos forman parte de una línea de investigación que intenta establecer si existió un incremento patrimonial no justificado en un período relativamente corto.

La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, deberá ahora cruzar la información bancaria, fiscal y migratoria para reconstruir el flujo de dinero y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la causa.