El Ministerio de Capital Humano desplazó a Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del organismo, en medio de un escándalo vinculado a la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios públicos.

La ministra Sandra Pettovello le solicitó la renuncia, en una decisión que, según fuentes oficiales, se enmarca en una política de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan generar controversias o cuestionamientos sobre la austeridad en la función pública.

Massaccesi había asumido el cargo en agosto de 2024 y ocupaba una posición clave dentro de la cartera, aunque caracterizada por una marcada inestabilidad: varios de sus antecesores también habían sido desplazados en poco tiempo.

El detonante de su salida fue la revelación de que había accedido a un crédito hipotecario de aproximadamente 420 millones de pesos a través del Banco Nación, uno de los montos más elevados dentro de un listado que incluye a otros funcionarios y legisladores.

Si bien la entidad bancaria sostiene que se trata de líneas de crédito UVA estándar, surgieron dudas sobre posibles tratos preferenciales o flexibilización en los criterios de evaluación para personas políticamente expuestas. En ese contexto, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para determinar si se cumplieron los controles correspondientes, incluyendo la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

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Funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos del Banco Nación de hasta US$350.000. La oposición pidió informes y volvió a discutir posibles privilegios en el acceso al financiamiento estatal.

La polémica también reavivó cuestionamientos más amplios sobre el acceso al crédito en la Argentina. Distintos sectores señalaron la contradicción entre las dificultades que enfrentan miles de ciudadanos con empleo formal para acceder a financiamiento y la posibilidad de que funcionarios públicos obtengan préstamos por cifras millonarias, en algunos casos cercanas a los 350 mil dólares.

A esto se suma otro eje de debate, la estabilidad laboral de los funcionarios. La naturaleza transitoria de estos cargos genera interrogantes sobre la capacidad de repago de créditos de gran magnitud en caso de desvinculación, como ocurre en el caso de Massaccesi. Su situación abre ahora interrogantes sobre cómo continuará afrontando el compromiso financiero sin un ingreso fijo proveniente del Estado.