La posibilidad de que Cristina Kirchner compita en las elecciones presidenciales de 2027 tiene hoy un obstáculo concreto: la condena firme en la causa Vialidad, que incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Frente a ese escenario, su defensa abrió una vía internacional para cuestionar la sentencia y pedir que se suspenda la prohibición de ejercer cargos. La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, se convirtió así en una pieza central de una estrategia que combina la discusión judicial con la disputa política por el liderazgo del peronismo.

El planteo no quedó limitado al terreno de los abogados. Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, relacionó públicamente el recurso internacional con la voluntad de su madre de volver a presentarse en las urnas y sostuvo que el peronismo pierde competitividad si ella no integra la boleta. La organización viene impulsando su regreso al centro de la escena electoral, en un contexto en el que el espacio todavía debe resolver su conducción y definir cómo llegará a 2027. En esa lectura, la presentación ante la ONU cumple una doble función: buscar una salida jurídica a la inhabilitación y mantener vigente la discusión sobre una candidatura que, de otro modo, quedaría condicionada desde el comienzo.

La defensa está integrada por Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Además de pedir la suspensión de la inhabilitación, los abogados cuestionan aspectos del proceso judicial y presentaron documentación adicional a fines de septiembre. El objetivo es que el Comité examine las presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que denuncian. Sin embargo, el organismo no es una instancia superior de apelación de la Justicia argentina: puede analizar comunicaciones individuales, solicitar medidas provisionales y emitir pronunciamientos sobre obligaciones internacionales, pero una intervención favorable no equivale, por sí sola, a borrar automáticamente la condena dictada por los tribunales nacionales.

El resultado de esa estrategia sigue abierto y el calendario electoral agrega presión. Para La Cámpora, sostener la posibilidad de una candidatura de Cristina también significa preservar su peso en las decisiones del peronismo y evitar que la discusión sobre una alternativa para 2027 avance sin ella. La vía internacional puede darle impulso político al reclamo, pero no resuelve por anticipado ni la situación judicial ni la interna partidaria. Por ahora, lo comprobable es que la defensa busca revertir los efectos de la condena y que Máximo Kirchner ya expresó públicamente su intención de mantener a la expresidenta en la carrera electoral.