Los abogados de Cristina Fernández, Alberto Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim brindaron una conferencia de prensa en el hotel NH de Buenos Aires para informar sobre los avances de la comunicación presentada en julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que denunciaron ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese marco, Beraldi anunció la incorporación urgente de lo que calificó como un “hallazgo monumental”: una nueva prueba que, según la defensa, puede resultar determinante para revisar los fundamentos de la condena.

El elemento probatorio surgió el pasado 6 de agosto, cuando un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad convocado como testigo por la fiscalía en la causa Cuadernos aportó una base de datos inédita. De acuerdo con la explicación de los abogados, esa información permite reconstruir cómo fueron asignados los fondos del fideicomiso vial entre 2009 y 2015. El dato que la defensa considera central es que, sobre una inversión superior a los 2.000 millones de dólares, al empresario Lázaro Báez se le habría asignado solamente el 1%. Para Beraldi, esta información cuestiona directamente la hipótesis de una estructura diseñada para beneficiar de manera exclusiva al empresario santacruceño. La prueba, según informó la defensa, ya fue enviada al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La estrategia de la defensa también contempla pedidos cautelares vinculados tanto con la condena como con las condiciones de detención de la expresidenta. Los abogados solicitaron que el organismo internacional intervenga para frenar la inhabilitación perpetua y revisar la condena, además de pedir modificaciones en el régimen de arresto domiciliario, entre ellas el retiro de la tobillera electrónica y la eliminación de las restricciones sobre las visitas. También cuestionaron la atribución de responsabilidades administrativas a Fernández de Kirchner y sumaron un planteo institucional sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y sus vacantes.

En cuanto al futuro electoral de Cristina Kirchner, la defensa sostuvo una interpretación técnica según la cual las PASO constituyen actos preparatorios del proceso electoral, lo que podría dejar un margen para una eventual candidatura mientras continúa el trámite internacional. El planteo no supone por sí mismo que la inhabilitación haya sido suspendida, pero abre una discusión judicial sobre el alcance que podría tener una eventual intervención del Comité de Derechos Humanos.

De este modo, la presentación ante la ONU busca avanzar simultáneamente sobre tres frentes: cuestionar los fundamentos de la condena mediante nueva evidencia, modificar las condiciones de detención y disputar jurídicamente las consecuencias políticas de la sentencia.