El Gobierno nacional activó un nuevo frente legislativo y decidió enviar al Congreso un paquete de cuatro proyectos que buscan impactar en áreas sensibles como inversiones, regulación del juego online, transparencia institucional y alimentación. La definición terminó de cerrarse en la Casa Rosada tras una reunión entre Javier Milei y su equipo político, y fue luego comunicada por Manuel Adorni. Se trata de una nueva avanzada parlamentaria del oficialismo, que intenta instalar temas económicos y regulatorios dentro de una agenda que combina desregulación, atracción de capitales y reformas vinculadas a controles estatales. Con este movimiento, el Ejecutivo vuelve a apostar a una discusión legislativa de alto impacto en medio de tensiones políticas y negociaciones abiertas con gobernadores y sectores del Congreso.

El proyecto que aparece como prioridad dentro del paquete es el llamado “Súper RIGI”, una ampliación del régimen de incentivo para grandes inversiones que el Gobierno considera clave para potenciar sectores estratégicos de la economía. La propuesta apunta a mejorar condiciones para empresas que busquen desembolsar capital en actividades como litio, hidrógeno verde, energía nuclear, desarrollo aeroespacial y producción vinculada a baterías o movilidad eléctrica. Entre los ejes que se estudian aparecen beneficios impositivos, estabilidad fiscal, incentivos aduaneros y herramientas para reducir costos operativos. La lógica oficial es fortalecer la llegada de inversiones de largo plazo y posicionar a Argentina en industrias que el Ejecutivo considera centrales para competir en mercados globales.

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Otro de los puntos que el Gobierno pondrá en discusión es una nueva normativa vinculada a la ludopatía digital, enfocada especialmente en el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes. En los últimos años, organismos de salud mental, especialistas en adicciones y sectores legislativos advirtieron sobre el aumento del acceso de menores a plataformas de juego y el impacto que eso puede tener en conductas compulsivas, endeudamiento y trastornos asociados. La nueva iniciativa oficial buscaría avanzar sobre mecanismos de validación de edad, controles de identidad, restricciones a promociones comerciales y mayores herramientas preventivas frente a la adicción al juego. Dentro de la Casa Rosada entienden que se trata de un tema sensible que ganó peso social y político en los últimos meses.

El paquete se completa con dos reformas que apuntan a transparencia y regulación económica. Por un lado, la futura Ley de Lobby buscaría ordenar la representación de intereses privados ante funcionarios públicos, con registros obligatorios, trazabilidad de reuniones y reglas para evitar conflictos de interés, tomando experiencias internacionales donde esta actividad ya se encuentra formalmente regulada. Por otro, el Gobierno también pretende revisar la actual ley de Etiquetado Frontal, con la intención de flexibilizar ciertos criterios técnicos que hoy condicionan el marketing de productos alimenticios y revisar exigencias regulatorias que impactan sobre la industria. Aunque los cuatro proyectos todavía deberán atravesar el debate parlamentario, el oficialismo ya dejó en claro que busca instalar una nueva etapa de reformas estructurales con fuerte impronta económica e institucional.