El presidente Javier Milei participó de una jornada del ejercicio naval Passex 2026 junto a autoridades argentinas y estadounidenses a bordo del portaaviones USS Nimitz, en aguas del Atlántico Sur. Según la información difundida oficialmente, el despliegue incluye maniobras conjuntas entre la Armada Argentina y la US Navy, con demostraciones aéreas de aviones F-18 y helicópteros Seahawk. Desde el Gobierno, el operativo se enmarca en ejercicios de cooperación internacional orientados a mejorar la interoperabilidad entre fuerzas, fortalecer capacidades logísticas y avanzar en acuerdos de defensa con Estados Unidos. Este tipo de maniobras no es nuevo: suelen realizarse como parte de vínculos militares bilaterales y buscan entrenar coordinación en escenarios marítimos complejos.

Sin embargo, el operativo abrió un foco de discusión política y jurídica a partir de cuestionamientos que circularon en redes sociales y sectores opositores. El punto central gira en torno a si la presencia de fuerzas estadounidenses en territorio o aguas bajo jurisdicción argentina requiere autorización previa del Congreso. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 28, establece que es atribución del Poder Legislativo permitir el ingreso de tropas extranjeras. Ahora bien, especialistas en derecho constitucional suelen distinguir entre el ingreso permanente o despliegues con base en territorio nacional, que sí requieren ley, y ejercicios militares acotados, temporales y coordinados entre Estados, que históricamente se habilitan mediante decretos del Poder Ejecutivo y acuerdos específicos. Es decir, la discusión no es lineal: no toda presencia militar extranjera implica automáticamente una violación constitucional, aunque sí puede ser objeto de debate político si no pasa por el Congreso.

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En ese marco, la polémica no se limita a lo legal sino también a lo institucional. Críticos del Gobierno señalan que, aun en el caso de ejercicios conjuntos, eludir el debate parlamentario debilita los mecanismos de control democrático sobre decisiones sensibles en materia de defensa. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de prácticas habituales en relaciones internacionales y que no implican cesión de soberanía ni instalación de fuerzas extranjeras en el país. Lo cierto es que el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en acuerdos militares sin intervención legislativa y qué nivel de transparencia debería tener este tipo de decisiones en un contexto político cada vez más polarizado.