El Gobierno nacional dispuso cambios en los procedimientos administrativos ante el Registro Nacional de Armas mediante una resolución publicada el 17 de abril en el Boletín Oficial, firmada por su director ejecutivo, Juan Pablo Allan. La norma elimina la exigencia de presentar habilitaciones municipales en distintos trámites vinculados al control de materiales regulados, con el objetivo de reducir demoras y unificar criterios entre jurisdicciones. Según se argumentó oficialmente, la medida apunta a evitar superposiciones documentales que generaban cargas administrativas adicionales tanto para usuarios como para organismos estatales

El cambio impacta en gestiones vinculadas a la inscripción, renovación, prórroga o modificación de registros relacionados con fábricas, depósitos y almacenamiento de nitrato de amonio en solución, además de agencias de seguridad privada, transportadoras de caudales y entidades financieras. A partir de ahora, bastará con la certificación de la autoridad jurisdiccional competente, lo que reduce la documentación requerida sin eliminar las obligaciones legales vigentes. Desde el Ejecutivo sostienen que la decisión se enmarca en el proceso de simplificación administrativa impulsado tras el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, orientado a revisar normas consideradas redundantes o burocráticas.

De todos modos, la resolución aclara que la eliminación de este requisito no implica la supresión de controles locales: las normativas municipales y provinciales continúan vigentes y deben seguir cumpliéndose. Con este nuevo esquema, el organismo redefine su sistema de validación documental en línea con la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional. El foco está puesto en reducir trámites administrativos, aunque el impacto concreto dependerá de cómo se articule el control entre Nación, provincias y municipios en la práctica.