
El Gobierno lanzó el programa "Ciudadanía por Inversión" para otorgar la nacionalidad a extranjeros que inviertan en el país
Anunciado por Luis Caputo y Diego Santilli en París, el esquema contempla aportes desde los US$ 350.000 y estará operativo a partir del cuarto trimestre de 2026.
En el marco de la Argentina Week realizada en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron oficialmente el programa “Ciudadanía por Inversión”. La iniciativa permitirá a ciudadanos extranjeros tramitar la nacionalidad argentina mediante la realización de inversiones financieras en el país.
Según explicaron los funcionarios, el sistema comenzará a recibir solicitudes a partir del cuarto trimestre de 2026 e integra el proceso de apertura e inserción internacional impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.
Los montos y las modalidades de inversión El esquema de acceso a la ciudadanía fija dos vías principales para el solicitante individual:
- Aporte directo: Un desembolso no reembolsable de US$ 350.000 destinado al Tesoro Nacional.
- Títulos públicos: La suscripción de un bono del Estado creado específicamente para este programa por un valor de US$ 800.000.
Asimismo, el plan habilita la extensión del beneficio a los integrantes del grupo familiar mediante montos adicionales. Para los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años (solteros y sin hijos), el aporte será de US$ 100.000, mientras que para los menores de 18 años el valor se fijó en US$ 25.000. De este modo, un grupo familiar tipo de cuatro integrantes podrá acceder al beneficio con una inversión total de US$ 500.000.
Controles de seguridad y debida diligencia
Desde el Ejecutivo precisaron que los fondos deberán canalizarse exclusivamente a través del sistema financiero formal. Las solicitudes serán evaluadas por la nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en coordinación con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
El proceso incluirá la verificación de antecedentes penales, análisis patrimonial, trazabilidad del origen de los fondos y evaluación de riesgo jurisdiccional. Una vez completado el dictamen técnico, la decisión final recaerá sobre la Dirección Nacional de Migraciones.
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