El Gobierno nacional introdujo cambios en el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, integrantes de tribunales inferiores, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. La modificación quedó formalizada a través del Decreto 467/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a reducir los tiempos administrativos previos a la elevación de candidatos. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es agilizar la cobertura de vacantes en cargos clave del sistema judicial, en un contexto donde numerosos puestos permanecen sin ocupar desde hace años.

Entre las principales modificaciones figura la eliminación de la publicación obligatoria de las postulaciones en diarios de circulación nacional y la supresión de algunas instancias administrativas que intervenían antes de que los pliegos avanzaran hacia el Senado. A partir de ahora, la difusión de antecedentes, currículum y trayectoria profesional de los candidatos se realizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y el sitio web del Ministerio de Justicia. En el caso de las vacantes de la Corte Suprema, la información deberá publicarse dentro de los 30 días posteriores a producirse la vacante y permanecer disponible durante tres jornadas. Para los tribunales inferiores y el Ministerio Público, la publicación será por un día.

La nueva normativa también establece que los postulantes deberán presentar una declaración jurada patrimonial dentro de los cinco días posteriores a la publicación de sus antecedentes. Esa información será de acceso público y se complementará con un informe elaborado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que verificará la situación tributaria y previsional de cada candidato. Según explicó el Ejecutivo, el procedimiento busca concentrar la información en canales oficiales y evitar pasos que considera redundantes dentro del mecanismo de selección. Sin embargo, sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional ya comenzaron a analizar el alcance de los cambios y su impacto sobre los mecanismos de participación ciudadana.

La reforma se produce en medio del debate por la integración de la Corte Suprema y la necesidad de cubrir vacantes en distintos tribunales federales de todo el país. Según datos del Consejo de la Magistratura, el sistema judicial arrastra desde hace años un importante número de cargos sin titular definitivo, una situación que genera demoras en numerosos expedientes. Mientras el Gobierno sostiene que la simplificación administrativa permitirá acelerar los nombramientos, distintos sectores advierten que el desafío será garantizar que la reducción de trámites no implique una menor capacidad de control sobre quienes aspiren a ocupar los puestos más relevantes del Poder Judicial.