Se destinarán US$ 500 millones a la asistencia energética para hogares vulnerables y US$ 300 millones iniciales a un programa de modernización administrativa.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la aprobación de dos créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suman un total de hasta US$ 1.300 millones. Las operaciones quedaron formalizadas a través de los decretos 1177 y 1178, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los fondos estarán dirigidos principalmente a la sostenibilidad fiscal del sistema de subsidios a la energía y al financiamiento de programas de reestructuración y modernización dentro de la administración pública nacional.

Asistencia energética y resguardo a sectores vulnerables

La primera operación consiste en un préstamo de US$ 500 millones destinado al programa de Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables. Según estimaciones del organismo de crédito, la medida alcanzará a 1,2 millones de hogares con asistencia en consumo de gas de red y a 3,5 millones de usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas.

El convenio establece un período de desembolso de cuatro años y un plazo de devolución de 25 años, con cinco años y medio de gracia. La tasa de interés aplicable se calculará en base al indicador SOFR más el margen correspondiente al capital ordinario del BID. Asimismo, el esquema contempla el reconocimiento retroactivo de gastos por hasta US$ 100 millones realizados desde el 28 de abril de 2026.

Modernización y transformación del sector público

El segundo decreto ratifica el acceso a una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por un monto total de hasta US$ 800 millones. En esta primera etapa, la Argentina recibirá un desembolso inicial de US$ 300 millones para el programa “Transformación del Estado Nacional I”.

Este programa está orientado a la actualización de los procesos de gestión del empleo público y al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la administración central. La operación se encuadra dentro de la Estrategia de País pactada entre el BID y la República Argentina para el período 2025-2028.