La defensa de Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación de un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos derivada de la condena en la Causa Vialidad. La estrategia internacional fue presentada en una conferencia de prensa encabezada por los abogados Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, luego de que la Corte Suprema rechazara los últimos recursos disponibles en la Justicia argentina.

Durante la exposición, los letrados solicitaron una medida cautelar para suspender de manera inmediata la inhabilitación política de la exmandataria, al sostener que las sanciones perpetuas de este tipo resultan incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, calificaron el proceso judicial como un "escándalo técnico" y denunciaron que la condena se sustentó sobre interpretaciones jurídicas que consideran incorrectas, insistiendo en que Cristina Kirchner nunca tuvo administración directa sobre las obras investigadas.

La propia expresidenta respaldó la presentación mediante una carta difundida en sus redes sociales y en medios internacionales. Allí sostuvo que la verdadera finalidad de la condena es impedir su participación política y afirmó que la "proscripción perpetua" constituye la pena central del fallo. También aseguró que no busca privilegios, sino que el caso sea analizado bajo las garantías previstas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese marco, volvió a denunciar la existencia de una persecución política, vinculó el proceso con prácticas de "lawfare" y afirmó que el clima de hostilidad generado en su contra contribuyó al intento de magnicidio que sufrió en 2022.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar ahora si el planteo reúne los requisitos de admisibilidad antes de avanzar sobre el fondo de la cuestión. En caso de aceptar el expediente, solicitará información al Estado argentino y posteriormente emitirá un dictamen, un procedimiento que suele extenderse durante varios años. Mientras tanto, la condena y la inhabilitación dictadas por la Justicia argentina continúan plenamente vigentes.