La Cámara Alta se vio envuelta en una sesión escandalosa enmarcada por el debate de los 74 pliegos judiciales para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores federales. La jornada quedó marcada por los desacuerdos oficialistas, incumplimientos con los bloques dialoguistas y el rol parlamentario de Victoria Villarruel. El principal foco de conflicto estuvo puesto en la postulación de la Dra. María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata, cuya candidatura había sido objetada por la Casa Rosada.

La controversia se originó luego de que el presidente Javier Milei ordenara retirar el pliego de Michelli debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, cuñado de la magistrada y autor de investigaciones críticas sobre el Gobierno. Sin embargo, distintos bloques del Senado consideraron que la idoneidad profesional de la candidata no podía quedar condicionada por relaciones familiares y decidieron impulsar igualmente su tratamiento en el recinto. El resultado fue una derrota política para el Ejecutivo: el pliego fue aprobado por 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Mientras la mayoría del bloque oficialista votó en contra para respaldar la postura presidencial, la presidenta de la bancada, Patricia Bullrich, se abstuvo invocando una "objeción de conciencia". La senadora argumentó que no correspondía rechazar a una candidata por motivos ajenos a sus antecedentes profesionales. También fue clave el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien validó los reclamos de la oposición respecto del procedimiento legislativo y días antes había recibido a Michelli en el Senado para expresarle su respaldo institucional.

Además, se generó una fractura institucional cuando el oficialismo intentó incorporar 23 pliegos adicionales a los 50 que habían sido acordados previamente en Labor Parlamentaria. La maniobra generó una fuerte reacción de Unión por la Patria y bloques dialoguistas, cuyos senadores acusaron al Gobierno de incumplir su palabra y amenazaron con abandonar la sesión, con el aval de Victoria Villaruel. Tras un cuarto intermedio de 40 minutos y nuevas negociaciones entre las bancadas, se logró destrabar el conflicto. Finalmente, los restantes 71 pliegos judiciales fueron aprobados por unanimidad, permitiendo avanzar con una amplia renovación de cargos vacantes en la Justicia federal.

Además de los nombramientos judiciales, el Senado otorgó media sanción al proyecto que habilita un acuerdo de pago con bonistas vinculados al default de 2001. La iniciativa fue defendida por el oficialismo como una herramienta para cerrar litigios pendientes desde hace más de dos décadas y avanzar hacia una normalización financiera. El proyecto fue aprobado por mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, mientras que Unión por la Patria votó en contra. En la misma sesión también fueron aprobados el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, los convenios de seguridad social con Suiza y San Marino y la creación de nuevas salas de la Cámara Federal de Apelaciones en Mar del Plata y Tucumán, todos con amplios consensos parlamentarios.

Por otra parte, el oficialismo debió resignar uno de sus proyectos más importantes de la jornada. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no llegó a ser tratada debido a que el Gobierno no logró reunir los votos necesarios para garantizar su aprobación. Ante la posibilidad de sufrir una derrota en el recinto, La Libertad Avanza optó por postergar el debate para una futura sesión. De esta manera, la jornada dejó un sabor agridulce para la Casa Rosada: consiguió avanzar con varios proyectos clave, pero sufrió un fuerte revés político con la aprobación del pliego de Michelli y la exposición pública por la desprolijidad en el tratamiento y las diferencias internas dentro de su propio espacio.