Si no hay cambios en la legislación vigente, decenas de jefes comunales quedarán inhabilitados para presentarse por un nuevo período. El grupo alcanza a dirigentes de prácticamente todo el arco político: 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la Unión Cívica Radical, 7 al PRO, 5 a partidos vecinales y uno a La Libertad Avanza.

El impacto sería especialmente fuerte en el conurbano bonaerense, donde 28 de los 40 municipios tienen intendentes alcanzados por la restricción.

La controversia tiene su origen en la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. En 2021, una modificación en la forma de contabilizar los períodos permitió que varios jefes comunales pudieran volver a competir en las elecciones de 2023, aunque el debate quedó postergado para el próximo turno electoral.

Ahora, un importante grupo de intendentes impulsa una nueva reforma. Los sectores más cercanos al gobernador Axel Kicillof sostienen que debe prevalecer la decisión de los votantes y consideran que la limitación de mandatos restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes. Tanto el mandatario bonaerense como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se manifestaron públicamente a favor de revisar la normativa.

Sin embargo, el panorama político aparece lejos de ofrecer una solución rápida. Las diferencias dentro del propio peronismo dificultan alcanzar una posición común y el Frente Renovador mantiene su rechazo a eliminar los límites a las reelecciones. Del otro lado, tanto el PRO como La Libertad Avanza también expresaron su oposición a una eventual reforma, mientras que la Unión Cívica Radical todavía no logró unificar una postura.

Ante la falta de consensos en la Legislatura bonaerense, algunos intendentes comenzaron a analizar una alternativa judicial para intentar competir en 2027. La estrategia sería cuestionar la constitucionalidad de la ley vigente y buscar que los tribunales habiliten nuevas candidaturas.

Mientras las negociaciones continúan, el futuro político de 80 intendentes permanece abierto y la discusión sobre los límites a las reelecciones vuelve a convertirse en uno de los principales focos de tensión en la provincia de Buenos Aires.