La CGT y ATE Nacional anunciaron medidas de fuerza para este mes
Abril se perfila como un mes marcado por la conflictividad gremial, con paros y movilizaciones
Las principales centrales sindicales del país anunciaron una serie de medidas de fuerza para este mes, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo, los despidos en el sector público y la sanción de la reforma laboral.
Por un lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril. La medida impactará principalmente en la administración pública, con una fuerte afectación en organismos como ANSES, PAMI, ministerios y dependencias estatales en todos los niveles. Además, se prevé que hospitales públicos funcionen con guardias mínimas, mientras que en el ámbito educativo la adhesión de auxiliares podría derivar en la suspensión de clases en varias instituciones.
Por otro lado, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización para el jueves 30 de abril hacia Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador. A diferencia de ATE, la central obrera aclaró que no se trata de un paro general, por lo que la actividad será mayormente normal.
Sin embargo, la concentración, que se realizará desde la zona de Independencia y 9 de Julio hacia el Monumento al Trabajo, generará cortes de calle y desvíos en el tránsito. El transporte público funcionará con normalidad, aunque algunos gremios podrían realizar asambleas o interrupciones parciales, especialmente en sectores vinculados al transporte de carga y aéreo.
Desde ATE, los reclamos se centran en la reapertura de paritarias, el rechazo a las políticas salariales del Gobierno y el cese de despidos en el Estado. El gremio denuncia que los salarios quedaron por debajo de la inflación y advierte sobre una fuerte caída del poder adquisitivo. En ese marco, también señalaron que durante el último mes se registraron más de 2000 despidos en ANSES, lo que consideran parte de un proceso de vaciamiento de organismos públicos.
La CGT también cuestionó la política de ajuste del Gobierno, al denunciar la imposición de “techos” en las paritarias que impiden recomponer los ingresos frente a la inflación. A esto se suman reclamos de organizaciones sociales, tales como la UTEP, por recortes en programas y planes, como sucedió con el VAT (Volver al Trabajo anteriormente conocido como Potenciar Trabajo).
Ambas centrales coinciden en su rechazo a la reforma laboral sancionada en el Congreso. Según sostienen, estas iniciativas implican una pérdida de derechos, con cambios como la reducción de indemnizaciones, la flexibilización de la jornada laboral hasta 12 horas y la eliminación de sanciones por empleo no registrado. También advierten sobre una posible limitación del derecho a huelga, a partir de la ampliación de las actividades consideradas esenciales, y denuncian un intento de debilitamiento de la representación sindical.
En este escenario, abril se perfila como un mes marcado por la conflictividad gremial, con medidas que, aunque diferenciadas en su alcance, reflejan un malestar creciente en distintos sectores del mundo laboral.
