La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar interina que restablece provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras 26.737 y suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. El fallo vuelve a poner en funcionamiento las restricciones a la adquisición de campos y propiedades rurales por parte de extranjeros, entre ellas el límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales y el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

La medida se originó tras un reclamo impulsado por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, en representación de la Asociación Civil Árbol de Pie y comunidades mapuches de la región. El fallo se conoció pocos días después de que la Corte rechazara la legitimación del Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) La Plata para cuestionar la derogación de la norma. Aunque se trata de expedientes distintos, la nueva cautelar modifica los efectos prácticos de aquella decisión y vuelve a frenar temporalmente la desregulación.

La resolución fue respaldada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, convocados ante la falta de unanimidad entre los integrantes estables del tribunal. El único voto en disidencia fue el del ministro Carlos Rosenkrantz, quien se pronunció en contra de dictar la medida cautelar.

El fallo no resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. En cambio, dispone que el expediente regrese al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche para continuar el proceso judicial. De este modo, hasta que exista una resolución definitiva, las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros permanecerán vigentes de manera provisoria.