La decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada volvió a encender la tensión entre la administración de Javier Milei y el periodismo. La medida fue comunicada como preventiva luego de que la Casa Militar denunciara por presunto “espionaje” a la periodista Luciana Geuna, a su colega Ignacio Salerno y a autoridades del canal TN tras la difusión de un informe televisivo con imágenes grabadas dentro de la sede de Gobierno. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión incluyó quitar las huellas dactilares del sistema de acceso a los cronistas acreditados, lo que en la práctica implicó impedir su ingreso habitual a Balcarce 50 mientras avanza la investigación judicial.

El episodio se inscribe en una relación cada vez más conflictiva entre el Presidente y los medios. Desde antes de asumir y durante su gestión, Milei ha reiterado acusaciones contra periodistas a quienes calificó como “ensobrados”, “extorsionadores” y “delincuentes del micrófono”, al sostener que parte de la prensa fue “cómplice de la campaña más sucia de la historia” en su contra. Incluso durante su reciente visita oficial a Israel volvió a cargar contra el periodismo, al que vinculó con “las fuerzas del mal” en un discurso de tono ideológico. En paralelo, el propio mandatario impulsó denuncias judiciales contra periodistas y mantuvo reiterados cruces públicos con comunicadores en redes sociales y entrevistas.

En este contexto, la denuncia contra Geuna y Salerno por una presunta “intromisión ilegítima” y la posterior restricción de acceso a la prensa acreditada representan un nuevo capítulo en un vínculo marcado por la confrontación permanente. Organizaciones periodísticas vienen advirtiendo sobre el impacto de este tipo de medidas en el ejercicio profesional y en el acceso a la información pública, especialmente cuando involucran limitaciones a la cobertura cotidiana de la actividad presidencial. El episodio vuelve a instalar el debate sobre los límites entre seguridad institucional y libertad de prensa en un escenario político donde la relación entre el Gobierno y los medios continúa atravesada por un clima de creciente tensión.