La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo de alto impacto para el funcionamiento de la economía de plataformas al rechazar los recursos presentados por Rappi y PedidosYa y confirmar que los repartidores deben ser considerados trabajadores en relación de dependencia. La resolución ratificó sanciones económicas contra ambas firmas y respaldó las actuaciones iniciadas en 2020 por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, tras inspecciones que detectaron condiciones de subordinación laboral. Según el criterio judicial, la organización del trabajo mediante aplicaciones digitales no elimina las obligaciones previstas por la legislación laboral vigente.

El tribunal sostuvo que las empresas ejercen control efectivo sobre la actividad de los repartidores mediante la asignación de pedidos, la determinación de tarifas y la aplicación de penalizaciones o bloqueos a través de sus sistemas. En ese marco, la cartera laboral provincial encabezada por Walter Correa remarcó que estas prácticas configuran una relación de dependencia, ya que limitan la autonomía real de los trabajadores. La decisión también dejó firmes multas por más de 33 millones de pesos en total, vinculadas a irregularidades como la falta de registración, la ausencia de aportes previsionales y la inexistencia de cobertura por riesgos laborales.

Desde el gobierno bonaerense valoraron la sentencia como un precedente clave para el reconocimiento de derechos en el sector, al señalar que la gran mayoría de los repartidores relevados durante las inspecciones originales no contaba con beneficios sociales básicos. El fallo obliga a las plataformas a revisar su esquema operativo dentro de la provincia de Buenos Aires Province, aunque las compañías todavía podrían intentar recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Mientras tanto, la resolución refuerza el debate sobre el encuadre laboral de quienes trabajan bajo sistemas digitales en todo el país.