El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó este viernes con la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el CEAMSE. El funcionario judicial le pidió al juez Ariel Lijo que autorice distintas medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del presidente de la AFA, entre ellas el levantamiento de los secretos bancario y fiscal y el acceso a información vinculada con sus operaciones financieras. El expediente quedó en Comodoro Py después de que la Cámara Federal porteña resolviera esta semana la disputa sobre qué fuero debía intervenir.

La investigación se originó en una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló una fuerte evolución de la liquidez declarada por Tapia entre 2017 y 2024. Según la documentación incorporada a la denuncia, en 2017 el dirigente informaba cuatro propiedades con una valuación fiscal conjunta de $17 millones, un vehículo y alrededor de $1,5 millones en efectivo. Para 2024, en cambio, sus declaraciones juradas consignaban más de $1.002 millones depositados en bancos, $39 millones en efectivo y US$246.206 en cuentas de ahorro, de acuerdo con el análisis presentado por el denunciante. Tofoni sostuvo que ese crecimiento representaba un aumento cercano al 1.000% y cuestionó que pudiera explicarse con los ingresos declarados.

Pollicita ahora busca comprobar esos planteos con información oficial. Entre las medidas solicitadas aparecen pedidos a ARCA, ANSES, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Caja de Valores y la Unidad de Información Financiera, además de documentación sobre las declaraciones juradas de Tapia, sus ingresos en el CEAMSE, cuentas bancarias, plazos fijos, cajas de seguridad, billeteras virtuales, inmuebles, sociedades, deudas y eventuales activos en el exterior. También se pidió conocer sus movimientos migratorios y distintos datos sobre su nivel de consumo. El objetivo es realizar un análisis económico y financiero que permita determinar si existe una correspondencia entre los ingresos acreditados y la evolución de sus bienes.

El punto que habilita la investigación por enriquecimiento ilícito está relacionado con la función pública de Tapia en el CEAMSE, y no con su presidencia de la AFA, cargo que ejerce ad honorem. El dirigente integró el directorio del organismo desde 2015 y asumió como presidente en 2024, designado por el gobierno de Axel Kicillof. Según la denuncia, en su declaración como funcionario consignó ingresos anuales de $100.233.144 por su actividad en el CEAMSE, mientras que también declaró ingresos por $718.536.500 como vicepresidente segundo de la CONMEBOL. Desde el entorno de Tapia, en tanto, rechazaron las acusaciones y calificaron la denuncia de Tofoni como falsa. Ahora será la Justicia la que deberá establecer si las diferencias señaladas tienen una explicación legítima o si existen elementos para avanzar con la hipótesis de enriquecimiento ilícito.