El Banco Galicia entregó a la Justicia el informe definitivo sobre los fondos vinculados a Florencia Kirchner, lo que permitió destrabar el procedimiento y llevó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a solicitar su decomiso. Se trata de US$5.696.144 que permanecen bajo custodia bancaria y que habían quedado inmovilizados desde 2016, cuando fueron secuestrados en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. El pedido se enmarca ahora en la ejecución patrimonial de la causa Vialidad.

Según la información remitida al Tribunal Oral Federal 2, US$4.664.000 se encuentran en billetes físicos dentro de una caja de seguridad, mientras que otros US$1.032.144 están depositados en una caja de ahorro, además de un remanente de $53.280. Los fondos habían sido cautelados durante la investigación por presunto lavado de dinero. Aunque Florencia Kirchner fue posteriormente sobreseída en esa causa, el dinero permaneció inmovilizado y ahora quedó incluido dentro del conjunto de activos que la Justicia busca utilizar para afrontar el monto de la condena patrimonial.

El movimiento se produce luego de que venciera el plazo de 10 días hábiles otorgado por el TOF 2 a los condenados para realizar voluntariamente el pago correspondiente. Como no se concretó el depósito, el tribunal avanzó en la búsqueda de nuevos bienes para cubrir una deuda que, actualizada por inflación, ronda los $685.000 millones. En ese segundo listado aparecen también 13 propiedades adicionales de la familia Kirchner y 128 activos vinculados a empresas de Lázaro Báez, con los dólares de Florencia Kirchner como uno de los principales objetivos.

Sin embargo, el decomiso todavía deberá atravesar distintas instancias judiciales. El TOF 5, que interviene en la causa Hotesur-Los Sauces, podría plantear objeciones debido a que los fondos continúan cautelados bajo su jurisdicción, mientras que la defensa de la familia Kirchner mantiene sus reclamos ante la Corte Suprema. En paralelo, el máximo tribunal analiza el destino de un primer lote de 111 inmuebles ya decomisados, algunos de los cuales podrían ser utilizados como oficinas del Poder Judicial antes de su eventual remate.