En el día de ayer el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue sobreseído junto a otras once personas acusadas por evasión por la empresa Austral Construcciones. Esto se debe a que la nueva Ley de Inocencia Fiscal aplicó el beneficio que comenzó a regir a principios de este año. La medida la dispuso el Tribunal Económico N°3. De todas formas, la corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de la defensa del empresario para cerrar una causa por evasión tributaria y aportes de seguridad social de la constructora.

En el caso analizado por la Corte, la defensa recurrió a un recurso extraordinario para solicitar que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 declarara extinguida la acción penal, argumentando que las obligaciones impositivas ya habían sido saldadas en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, por un monto cercano a los 600 millones de pesos. La situación se vio modificada a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los mínimos necesarios para que la evasión impositiva sea considerada delito. Como resultado, la investigación quedó acotada únicamente al período fiscal 2012, ya que gran parte de los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014 quedaron por debajo de los nuevos límites establecidos.

La normativa fija que la evasión simple se configura a partir de los 100 millones de pesos por tributo y por año, y de 1.000 millones en los casos agravados, lo que impactó directamente en el alcance de la causa, que incluía presuntas irregularidades en el pago de IVA, Ganancias y otros impuestos. La defensa sostuvo que esta ley debía aplicarse de manera retroactiva por resultar más favorable para los imputados, postura que fue aceptada por el tribunal. Sin embargo, el fiscal general Diego Velasco se opuso, al considerar que se trata únicamente de una actualización de montos por inflación y no de una ley penal más benigna, por lo que solicitó avanzar hacia un juicio oral. Por su parte, la querella, representada por el abogado Nicolás Dertinopulos en nombre de ARCA, adelantó que no se opondría en caso de que las cifras investigadas quedaran por debajo de los nuevos umbrales legales.