La diputada nacional Lilia Lemoine salió públicamente a respaldar a Manuel Adorni durante una entrevista televisiva en La Nación+. Al referirse a las acusaciones que pesan sobre el jefe de Gabinete, cuestionó la idea de que toda conducta regulada por una ley deba considerarse moralmente correcta. En ese contexto, rechazó la afirmación de que evadir impuestos implique “robarle al Estado” y argumentó que los recursos pertenecen a quienes los generan con su trabajo. Para sostener su postura, afirmó que la existencia de una norma no la convierte automáticamente en justa y mencionó como ejemplo la legislación sobre el aborto.

Las declaraciones llegaron mientras Adorni continúa dando explicaciones sobre las modificaciones realizadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. El funcionario reconoció recientemente que debió rectificar documentación presentada en años anteriores tras incorporar inversiones en criptomonedas que, según explicó, había realizado junto a su esposa entre 2014 y 2018. De acuerdo con su versión, esas operaciones le permitieron obtener ganancias cercanas a los 300 mil dólares y representan una parte importante del patrimonio que hoy figura en sus registros oficiales.

Las explicaciones no lograron cerrar la discusión política. Dirigentes de distintos espacios opositores cuestionaron las inconsistencias detectadas entre declaraciones previas y la información incorporada posteriormente. También pusieron el foco en investigaciones judiciales vinculadas a la evolución patrimonial del actual jefe de Gabinete y en la denuncia por enriquecimiento ilícito que se encuentra bajo análisis. En las últimas semanas, referentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y sectores del peronismo reclamaron mayores precisiones sobre el origen de algunos bienes y movimientos financieros.

Mientras tanto, desde el Gobierno sostienen que toda la situación patrimonial de Adorni puede ser justificada con documentación respaldatoria y que las correcciones efectuadas forman parte de un proceso de regularización de información. Sin embargo, las explicaciones brindadas hasta el momento continúan generando cuestionamientos políticos y alimentando una discusión que ya trascendió el plano judicial para instalarse en el debate público sobre transparencia y responsabilidad de los funcionarios.