El Gobierno Nacional anunció un nuevo proyecto legislativo para reformar la actual Ley de Salud Mental N° 26.657, con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde 2010 y corregir lo que desde el Ministerio de Salud definieron como "vacíos legales" en la atención de situaciones críticas.

La iniciativa propone una serie de cambios estructurales en el abordaje de la salud mental en Argentina. Entre los principales ejes, se destaca la intención de facilitar las internaciones involuntarias mediante una redefinición del criterio de riesgo, permitiendo intervenciones más rápidas en casos donde exista peligro potencial para el paciente o terceros.

Además, el proyecto plantea un giro respecto al modelo impulsado por la ley actual, al buscar el fortalecimiento e integración de hospitales especializados dentro de una red de atención por niveles de complejidad, en lugar de su progresivo cierre.

Otro de los puntos centrales es la modificación de la terminología técnica. En ese sentido, se propone reemplazar el concepto de "padecimiento mental", considerado ambiguo, por el de "trastornos mentales o del comportamiento", en línea con estándares internacionales.

La reforma también apunta a reforzar el rol del médico psiquiatra en las decisiones clínicas, extender de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia sobre internaciones y ampliar los mecanismos de control, incorporando mayor participación de áreas técnicas del Ministerio de Salud y del SEDRONAR en el Órgano de Revisión.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud. Anteriormente ya lo habián anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto al ministro de la cartera, Mario Lugones, quienes sostuvieron que la legislación vigente presenta limitaciones que dificultan el acceso a tratamientos oportunos en contextos de urgencia.

Sin embargo, la iniciativa ya generó fuertes repercusiones y reavivó el debate sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos.

Desde el oficialismo, el actual diputado Luis Petri respaldó la medida y afirmó: “Desde el 2020 vengo planteando la necesidad de una nueva Ley. Es un paso fundamental la decisión del gobierno de @JMilei de avanzar en su tratamiento para resolver los graves problemas que tiene la actual ley.”

En contraposición, el ex ministro de Salud y actual diputado Pablo Yedlin expresó críticas al enfoque del proyecto: “Cambiar los criterios para internación compulsiva o creer que volver a un modelo de internación crónica “manicomial” van a cambiar esta situación es al menos “ingenuo”.”

El proyecto será enviado al Congreso en los próximos días y se espera que su tratamiento comience durante abril. En un contexto de posturas encontradas, todo indica que el debate legislativo estará marcado por la tensión y una discusión profunda sobre el futuro del sistema de salud mental en el país.