El presidente Javier Milei aseguró durante una entrevista con Luis Majul, emitida por LN+, que su Gobierno expulsó a 10.000 “terroristas” durante 2025 y que ya lleva otros 20.000 en lo que va de 2026. Al explicar a quiénes se refería, sostuvo que se trata de personas que “se infiltra[n] de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. La afirmación abrió interrogantes porque la terminología utilizada por el mandatario no coincide con las categorías que aparecen en los registros migratorios oficiales.

La principal diferencia está en qué se entiende por “expulsión”. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones citados por Chequeado, durante 2025 fueron 772 las personas expulsadas por distintos delitos, sin que los registros identifiquen expulsiones específicas por terrorismo. En paralelo, hubo 16.684 rechazos migratorios, una categoría que comprende a personas a las que se les impidió ingresar al país por diferentes motivos y que no equivale a una deportación. Para 2026, La Nación informó que hasta agosto se habían registrado 744 expulsiones y 18.947 incidentes de entrada, entre ellos infracciones migratorias, falta de documentación e impedimentos judiciales.

En ese contexto, la diputada nacional Karina Banfi anticipó que recurrirá a la Ley de Acceso a la Información Pública para determinar exactamente a qué corresponden los números mencionados por Milei. En diálogo con Infobae Al Mediodía, planteó que es necesario establecer si la cifra corresponde a expulsiones, rechazos de ingreso o personas con antecedentes penales. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, sostuvo la legisladora, quien también remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente al rechazo de una persona en la frontera.

La controversia no quedó limitada a Banfi. El diputado Maximiliano Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer cuántas personas fueron efectivamente expulsadas y cuántas de esas medidas estuvieron relacionadas con causales de terrorismo. Entre otras cosas, pidió que el Gobierno informe si los datos de “10.000 terroristas deportados” en 2025 y “20.000” en 2026 fueron efectivamente suministrados a la Presidencia y bajo qué categoría jurídica fueron contabilizados.

El debate también pone el foco sobre la diferencia entre control migratorio, antecedentes penales y terrorismo, categorías que no son equivalentes jurídicamente. De hecho, el propio Ministerio de Seguridad había difundido meses atrás una cifra de 14.000 extranjeros expulsados que incluía personas con antecedentes, alertas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y casos de incumplimientos migratorios. Por ahora, los registros públicos consultados no respaldan que esas categorías puedan traducirse directamente en 30.000 personas identificadas como terroristas.