Tras enviar el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, el Gobierno puso en marcha una ronda de negociaciones con los gobernadores. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá encuentros con siete mandatarios provinciales entre este miércoles y jueves, en una estrategia destinada a buscar consensos para una agenda legislativa que incluye el Presupuesto, la reforma electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El primer encuentro será este miércoles a las 15, cuando Santilli reciba en la Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jueves será el turno de Carlos Sadir (Jujuy), en una reunión de la que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo. Más tarde, Santilli se reunirá con Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El Presupuesto enviado por el Ejecutivo contempla para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 al cierre del año. También proyecta exportaciones por encima de los US$130.000 millones y un superávit comercial superior a los US$15.000 millones. La iniciativa prevé, además, mantener el superávit financiero, uno de los principales ejes del programa económico de Javier Milei.

En paralelo, las conversaciones con los gobernadores buscarán destrabar la reforma electoral que el Gobierno impulsa en el Senado. El proyecto plantea la eliminación de las PASO, modificaciones en el régimen de financiamiento de los partidos, cambios en la Boleta Única de Papel y la incorporación de Ficha Limpia. La iniciativa también abrió una discusión sobre los debates presidenciales: organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el artículo 30 elimina del Código Electoral las normas que establecen su obligatoriedad.

La agenda provincial también incluirá el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Milei a comienzos de septiembre. La iniciativa busca endurecer las sanciones contra empresas vinculadas a actividades no autorizadas en las Islas Malvinas, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer mecanismos de protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo. El Gobierno decidió acelerar su tratamiento luego de que Donald Trump anunciara que está revisando la posición de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía.