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Qué es Transener, la empresa que el gobierno de Javier Milei avanza en privatizar
Política

Qué es Transener, la empresa que el gobierno de Javier Milei avanza en privatizar

El Gobierno avanzó con la apertura de ofertas para vender su participación en Transener, la compañía que opera la red de alta tensión en todo el país.

Redacción de toda la data
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El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de Transener, la principal compañía encargada del transporte de energía eléctrica en alta tensión en la Argentina, al avanzar con la apertura de ofertas económicas para la venta de su participación accionaria.

Según un comunicado oficial, la licitación contempla la venta del 100% de las acciones que el Estado posee de forma indirecta en la transportista a través de Citelec S.A., sociedad controlante de la empresa. La medida forma parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir la participación estatal en sectores clave de la economía.

En esta etapa, fueron habilitadas tres compañías para presentar ofertas económicas: Genneia S.A., Central Puerto S.A. y Edenor S.A., con propuestas que superan los 230 millones de dólares y alcanzan hasta más de 350 millones.

Transener cumple un rol central en el sistema energético nacional. No genera electricidad ni la distribuye a los hogares, sino que se encarga de transportarla desde las centrales de generación hasta los centros de consumo, a través de una red de alta tensión que recorre todo el país.

La empresa administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que conectan el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), extendiéndose de norte a sur, desde Jujuy hasta Santa Cruz. Esta infraestructura es considerada estratégica, ya que constituye la columna vertebral del transporte eléctrico nacional.

El proceso de privatización ingresa ahora en su tramo final. De concretarse la operación, el Estado se retirará completamente de la participación accionaria en la compañía, dejando la gestión en manos privadas, aunque bajo regulación estatal.

La decisión abre un nuevo capítulo en el esquema energético argentino y reaviva el debate sobre el rol del Estado en servicios públicos esenciales, en un contexto de reformas estructurales impulsadas por la actual administración.