La Quinta Marcha Federal Universitaria se realizó esta tarde en distintos puntos del país, con epicentro en CABA y una movilización multitudinaria hacia el Congreso. Estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, rectores, centrales sindicales y organizaciones sociales confluyeron para reclamar mayor presupuesto para las universidades públicas, recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los principales reclamos de la marcha estuvo vinculado al financiamiento universitario para el próximo año. El Consejo Interuniversitario Nacional pidió una partida de 11 billones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contempla 7,3 billones. El documento también denunció el incumplimiento de fallos judiciales relacionados con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una actualización de los fondos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

Además, los representantes del sector alertaron sobre el deterioro salarial: señalaron que el 80% de docentes y nodocentes cobra por debajo de la línea de pobreza y que el poder adquisitivo perdió más del 40% desde fines de 2023. También cuestionaron el atraso de las becas estudiantiles y su impacto en la continuidad educativa.

La movilización coincidió con una sesión convocada en la Cámara de Diputados para debatir el rechazo al DNU 70/2023, pero los legisladores opositores no consiguieron el quórum necesario para iniciar el tratamiento, luego de negociaciones del oficialismo con gobernadores aliados. Una vez caída la sesión, en las inmediaciones del Congreso se comenzaron a registrar incidentes y represión policial, especialmente sobre la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña.

Según los reportes oficiales, grupos no identificados arrojaron piedras e intentaron derribar el vallado, efectivos de las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes. Las nubes de gases alcanzaron sectores de la plaza y afectaron a quienes se manifestaban pacíficamente, además de periodistas y personas ubicadas cerca del escenario.

Pese a la lluvia y la represión, se realizó el acto central y se leyó el documento. El reclamo de las casas de estudio se articuló con otros sectores, entre ellos sindicatos, organizaciones de inquilinos y colectivos vinculados a la discapacidad y la Salud, convirtiéndose en una protesta más amplia contra la discusión presupuestaria y las políticas del Gobierno nacional.

En este momento las columnas de manifestantes se encuentran desconcentrando, mientras las fuerzas de seguridad continúan lanzando gases lacrimógenos a quienes se encuentran en la Plaza y en las inmediaciones del Congreso. Este accionar policial fue duramente criticado por distintos sectores de la sociedad, ya que las anteriores movilizaciones universitarias habían transcurrido en paz y sin hechos de violencia.