La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha la norma de manera inmediata. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El conflicto se originó con el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 pero agregó una condición para su aplicación: que previamente se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Para Cormick, ese mecanismo terminó funcionando como una suspensión de una ley que había sido aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras después del veto presidencial. El magistrado sostuvo que el decreto no supera un “test mínimo de razonabilidad” y ordenó dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la legislación.

El fallo alcanza las distintas disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la recomposición de salarios docentes y no docentes, la actualización de becas y recursos destinados al funcionamiento, la investigación y otras actividades de las universidades nacionales. La resolución se suma a una disputa judicial que lleva casi un año y que ya había derivado en medidas cautelares favorables a las universidades. En junio, la Corte Suprema había dejado firme una cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar los artículos vinculados con salarios y becas, aunque sin resolver todavía la cuestión de fondo.

Pero el conflicto no termina con la sentencia de primera instancia. El Gobierno apelará el fallo y buscará que la Justicia revise la decisión, en línea con la estrategia que ya había adoptado durante el proceso judicial. En la Casa Rosada sostienen que el Congreso debe definir de dónde saldrán los recursos para afrontar el gasto que implica la ley y cuestionan que el Poder Ejecutivo pueda ser obligado a ejecutar partidas que, según su interpretación, no están contempladas en el Presupuesto. De esta manera, la disputa por el financiamiento universitario vuelve a quedar en manos de la Justicia mientras las universidades reclaman la aplicación integral de una ley que el Congreso ya ratificó.