La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 alcanzó oficialmente los 300 días de incumplimiento por parte del Gobierno nacional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones como CONADU y centros de estudiantes de distintas universidades del país, llevan adelante el reclamo por la plena aplicación de la Ley, que fue aprobada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso de la Nación.

La situación se encuentra bajo la lupa de la Justicia, donde el Gobierno sufrió un revés. Tribunales federales y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenaron avanzar con la aplicación de la normativa a través de una medida cautelar firme. En particular, el fallo del juez Martín Cormick dispuso la restitución urgente de los salarios y las becas contempladas por la ley.

Mientras tanto, los gremios docentes y no docentes mantienen paros y movilizaciones para reclamar la implementación de los aumentos adeudados. Desde el sector universitario advierten que la falta de actualización salarial provocó una pérdida del poder adquisitivo superior al 32%, perjudicando la labor en las aulas y provocando el pluriempleo en los trabajadores de las casas de estudio.

Desde el CIN también remarcan que pese a las dificultades presupuestarias, las universidad pública tiene un fuerte impacto social y sigue manteniendo su estandarte de “calidad”. Según los datos difundidos por los rectores, los hospitales universitarios atendieron a más de 1,5 millones de personas, mientras que las universidades permitieron la graduación de alrededor de 90.000 nuevos profesionales.

La comunidad universitaria continúa reclamando lo que legalmente y normativamente, dicho por la justicia, le corresponde. El CIN advierte que el deterioro del poder adquisitivo y el desfinanciamiento a las casas de estudio, perjudica a los trabajadores universitarios y a los alumnos que eligen formarse en la universidad pública, gratuita y de calidad. Con distintas medidas de fuerza en todo el país, el Gobierno Nacional es presionado socialmente y judicialmente a girar los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario